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Educación Quiere Reducir los 116 Liberados de la Enseñanza Pública, que Cuestan 6 Millones - Deusto Knowledge Hub Explorer

Educación quiere reducir los 116 liberados de la enseñanza pública, que cuestan 6 millonesFDEZ. VALLEJOa mfernandez@elcorreo.comLa consejería de Uriarte pretende hacer cumplir la ley y que el número de representantes sindicales, que creció por convenios de anteriores gobiernos, se rebaje a 92BILBAO. El Departamento de Educación ha abierto el polémico melón de las liberaciones sindicales. Es un tema tabú tanto para el Gobierno vasco como para las centrales. Nadie quiere hablar. Ni dar datos. Resulta políticamente incorrecto intentar sacar las cifras a la luz. Pero una pregunta parlamentaria del PP y la contestación del consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo de Urkullu, Josu Erkoreka, marcó el camino hace un año. Erkoreka anunciaba entonces que iba a haber un ajuste en toda la Administración vasca antes de finalizar 2014 para ceñir este derecho sindical a lo que marcan las leyes, ya que por diferentes convenios, acuerdos y pactos -de anteriores gobiernos, desde hace más de diez años y por motivos disparesen Euskadi se han hecho liberaciones extra. A un mes de que se cumpla esa fecha, la consejería que dirige Cristina Uriarte se ha atrevido a mover ficha y ha comunicado a los sindicatos su intención de retirar esos créditos horarios extraordinarios. De ese modo, se pasaría de los 116 liberados actuales en la enseñanza pública a 92. Su coste es cercano a los seis millones de euros; sin contar la Universidad del País Vasco (36 liberados), ni la red de colegios concertados (18).Un liberado es un miembro de una central al que se le exime de su trabajo para dedicarse en exclusiva a tareas sindicales. Hay tres leyes estatales que regulan la asignación de horas para estas labores: el Estatuto de los Trabajadores, el del Empleado Público y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Sin embargo, en el País Vasco se superaron por lo alto esas normativas. El Ejecutivo vasco aprobó en 1988 un Acuerdo Marco de Derechos Sindicales en Euskadi que mejoraba las condiciones de las leyes estatales y, en la práctica, permitía más liberaciones. Convenios similares se negociaron también en otras comunidades.Aunque se partía ya de una posición de privilegio en Euskadi, el Departamento de Educación en la época en la que la consejería estaba en manos de EA, en 2003, negoció con los sindicatos un convenio por el que volvieron a crecer el número de liberados en la enseñanza. Posterio-}iIRepresentantes sindicales durante una protesta ante el edificio del Gobierno vasco en Bilbao. :: el correores pactos y acuerdos, de los que es difícil conseguir detalles, elevaron aún más esa cifra. Eran tiempos de vacas gordas. Además, el acuerdo laboral que alcanzaron en 2010 el Departamento de Educación, que dirigía entonces el PSE, con UGT y CC OO, incluía el derecho a liberar a un sindicalista más por parte de estas dos centrales.Derechos de los trabajadoresLos sindicatos con representación en la enseñanza pública acumulan 116 liberados: LAB (30), CC OO (28), ELA (26 y medio), STEE-EILAS (20 y medio) y UGT (11). En esas cifras están incluidos los representantes del colectivo de funcionarios, de los laborales docentes y del personal de servicios, como limpieza y cocina. El Gobierno vasco dedica cerca de seis millones de euros a estas liberaciones, una cifra que resulta de sumar el coste de cada uno de estos empleados públicos, es decir, sus sueldos. Si se añade el gasto en la red concertada -18 liberados, a más de 50.000 euros cada uno, 1,4 millones, según la partida presupuestaria aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 4775 en el sector público vasco y cerca de 10.000 en EspañaEn la Administración autonómica se estima que hay 775 liberados contabilizados (Osakidetza, Educación, Justicia... y sociedades públicas), de los que 377 lo son a tiempo completo y 398 a tiempo parcial. La normativa básica establece que los delegados sindicales disponen de un crédito de horas mensuales para desempeñar su labor y que varía en función del tamaño de la empresa. También recoge la posibilidad de acumular estas horas para liberar a uno o varios representantes en función de unos parámetros, de forma que puedan dedicarse a tiempo completo a defender los intereses de la plantilla. En Euskadi rige oficialmente el Acuerdo Marco de 1988, que supone una mejora respecto a la legislación básica. Pero estos mínimos son ampliamente superados en los múltiples convenios y acuerdos firmados entre sindicatos y administraciones públicas a lo largo de los años.A escala nacional no hay cifras oficiales del número total de liberados del sector público. Las estimaciones más fiables apuntan a 10.000 a tiempo completo y un número muy superior a tiempo parcial -frente a los 4.200 del sector privado-. El decreto de ahorro que aprobó en julio de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, y que Euskadi no aplicó, limitaba el número a lo que estrictamente marca la ley, invalidando los convenios autonómicos que lo hayan ampliado.El Ejecutivo del PP calculó que, si se cumplía el decreto de ahorro, deberían volver a su trabajo 6.000 liberados en la Administración pública. Según los cálculos que hizo entonces el ministro Montoro, esa reducción supondría un ahorro de 250 millones de euros anuales.de noviembre-, se superan los siete millones. Habría que añadirle la Universidad del País Vasco, con 36 liberados más, con lo que se pasaría de los 9 millones.«No hay que olvidar que estamos hablando de derechos de los trabajadores. Los liberados se dedican a defender esos derechos, a resolver problemas de los empleados. Su labor es imprescindible», subraya el portavoz de una central que prefiere no dar su nombre por ser un tema «impopular». Recuerda que todos los logros en el ámbito laboral del que se benefician las plantillas se han conseguido «gracias a la existencia de representantes sindicales que negocian con la Administración, acuden a mesas sectoriales, visitan centros, participan en reuniones y actos de protesta, atienden a los afiliados... entre una larga lista de ocupaciones».El Ejecutivo de Rajoy hizo un intento de limar este gasto. En el año 2012, un decreto del Gobierno central -de medidas de ahorro en la enseñanza con motivo de la crisis económicaordenaba a las comunidades que limitaran el número de liberados a lo que estrictamente marcala ley estatal, invalidando los convenios que lo hayan ampliado en cada autonomía. Aunque el Ejecutivo del PP suavizó posteriormente esa medida, en Euskadi no se acató el decreto.Pero el Gabinete de Urkullu sí tiene en su agenda el propósito de reducir su número y, como consecuencia, rebajar el gasto en esa partida. Esa intención quedó por escrito hace un año en un intercambio de preguntas y respuestas parlamentarias con el PP, en las que se daban datos concretos de ese «exceso» de representación sindical. Los populares, en concreto el parlamentario Carmelo Barrio, había pedido explicaciones al Ejecutivo de «los acuerdos, pactos, y concesiones unilaterales sobre derechos sindicales en la Administración vasca que excedían las leyes». El consejero de Administración y Justicia, Josu Erkoreka, admitió haber detectado «situaciones» en las que la representación sindical «supera la estricta aplicación de la normativa vigente». Barrio le pedía que indicara cuáles eran esos casos, el contenido de esos acuerdos irregulares, quién era su responsable y cómo se iba a solucionar esa irregularidad. E incluso si podrían suponer una infracción penal.Negociación abiertaEn su respuesta al PP, Erkoreka detallaba que esos créditos horarios extraordinarios que se han reconocido a ELA, LAB, STEE, UGT y CCOO, -daba cifras de esas concesiones al margen de las normativas-, «lo fueron sin que conste en el expediente, acuerdo o resolución expresa que lo acredite». En otras palabras, que los documentos que los probarían no aparecen. Las centrales aseguran que los papeles que acreditan la existencia de los pactos se firmaron, aunque ahora no los encuentre nadie; pero que «en todo caso es la Administración la que debía haberlos custodiado». Erkoreka adelantaba también su intención de «ajustar el reconocimiento del crédito horario de cada representante electo y sindical a lo establecido en el Acuerdo Marco sobre derechos sindicales en la Administración vasca, antes de finalizar el año 2014».El Departamento de Educación ha dado un paso adelante para tratar de legalizar este entuerto y, de paso, poner freno a las liberaciones en tiempos de crisis económica. Ha iniciado una negociación con las centrales. En la propuesta hecha por escrito este mes les indica que va a ajustar las liberaciones al Acuerdo Marco de Euskadi, con lo que se suprimirían esos extras que surgieron de otros convenios. En la práctica, supone que se verían obligados a eliminar liberaciones: seis, UGT y CC OO; y cuatro ELA, LAB y STEE-EILAS. En total, 24. Esa es la intención de Educación, aunque las centrales negocian ya para evitar el recorte. No están dispuestas a admitir una rebaja que limite su «capacidad de funcionamiento», aseguran. Las espadas están en alto.En la Universidad del País Vasco hay 36, pero con los acuerdos laborales alcanzados podrían llegar hasta 63.. M. F. VALLEJOBILBAO. La Universidad del País Vasco tiene 36 miembros de sindicatos liberados para defender los intereses de las plantillas. Si las centrales quisieran, esa cifra podría ser mucho más alta. Si se tira de los convenios y pactos a los que se han llegado en los últimos años, que superan las normativas estatales e, incluso, el acuerdo vasco, llegarían a los 63. LAB pasaría de 7 a 19; CC OO, de 9 a 12; ELA, de 5 a 7; UGT, de 8 a 9; y STEE, de 7 a 14. Sin embargo, las centrales con representación en la institución académica no lo han hecho porque consideran suficiente la actual cifra. No es extaño que se conformen. Si los sindicatos universitarios tendrían que ceñirse a las leyes estatales -no ya al Acuerdo Marco firmado en Euskadi en 1988 ni a pactos y convenios posterioressólo se podrían liberar a18.Los responsables de la UPV también hicieron un amago de intentar reducir el número de representantes cuando se publicó el decreto de Rajoy sobre medidas de ahorro en la enseñanza, que obligaba a las Administraciones autonómicas a cumplir estrictamente las leyes estatales. No llegó a buen puerto. Los sindicatos del sector educativo, donde cualquier medida de presión tiene una gran repercusión, cuenta con mucha fuerza. Más, incluso, en la Universidad. Y no hay que olvidar que sus jefes manejan dinero público, que siempre da más margen de maniobra.

Fdez. Vallejo

2014-11-30T00:00:00

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